domingo, 7 de septiembre de 2008

Uruguayos picarones...




A pesar del renovado interés por la energía nuclear, en medio de las crisis múltiples provocadas por el uso de los combustibles fósiles, la tecnología nuclear sigue teniendo serios problemas sin resolver que se amplían considerablemente al intentar explotarla en un país como Uruguay.

El 8 de julio último se conoció la ocurrencia de una importante filtración de uranio en la central nuclear de Tricastin, en Francia, en medio de informes contradictorios del gobierno y de Areva, la empresa estatal de energía nuclear. Una inspección de la autoridad de seguridad nuclear, dos días después, condujo a la destitución del gerente de Socatri, subsidiaria de Areva a cargo de la operación de esa central. Este hecho, unido a otros incidentes cercanos en la industria nuclear francesa, una de las más avanzadas del mundo, hizo sospechar que había un encubrimiento informativo y reavivó la preocupación en torno a la seguridad de estas instalaciones.

En julio siguieron los incidentes: el 11, en la central nuclear de Nogent-sur-Seine; el 12, en una planta en Gravelines;.el 18, en Saint-Albans-Saint-Maurice; y el 23, en Tricastin nuevamente. El 17 del mismo mes, se reveló la existencia de una filtración que databa de años en la fábrica de combustible FBFC, en Romans-sur-Isère. Según el diario Le Monde, por cifras de la Comisión Independiente de Investigación e Información sobre la Radioactividad, 126 trabajadores fueron contaminados. La ex ministra de medio ambiente, Corinne Lepage, atribuyó lo sucedido a falta de inversiones en seguridad y en la protección de la salud humana y del medio ambiente.

Los residuos y la proliferación

A 50 años de la puesta en funcionamiento del primer reactor nuclear, ningún país ha conseguido implantar un sistema eficaz para deshacerse de sus residuos nucleares.

En Yucca Mountain, en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, se proyectó el único almacén de residuos atómicos en capas geológicas profundas. En una audiencia del Congreso, en julio último, el Departamento de Energía estadounidense informó que el costo del vertedero en Yucca se elevó a 90 mil millones de dólares. Programado para entrar en funcionamiento hace diez años, su apertura se prevé para 2020. Pero puede ser una previsión optimista, porque el representante de Utah quiere impedir que los residuos nucleares pasen por su estado y la mayoría de los habitantes de Nevada se oponen al proyecto de vertedero nuclear en Yucca.

En España se calculaba este año que llevan acumuladas 6.000 toneladas de residuos, los cuales se conservan al lado de las propias centrales nucleares. Se había decidido que para 2010 habría en este país un almacén para los residuos de alta actividad y larga vida, pero ahora se sabe que no se hará porque no disponen de un lugar en donde ubicarlo pues nadie lo quiere. En 2010 deberán regresar los residuos de la central nuclear de Vandellós I, en Tarragona, al sur de la provincia de Cataluña, trasladados a Francia a partir de 1985. La empresa francesa COGEMA cobra unos 58.000 euros diarios por el depósito de estos residuos españoles.

En cuanto a la proliferación de armas nucleares, el riesgo aumenta con la industria de energía en la medida que la tecnología, los materiales, el equipo y las habilidades sirven a ambos procesos. A la proliferación se suman las amenazas de ataques a los reactores nucleares existentes y por venir. Lejos de superarse, estos riesgos se han agravado con las crecientes tensiones políticas, económicas y bélicas de los últimos años. Esto inscribe lo nuclear en las consideraciones propias de la razón de Estado y la seguridad militar, justifica las limitaciones de la información, facilita el encubrimiento de las fallas y, en definitiva, atenta contra la proclamada transparencia.

Como ejemplo de esta afirmación, en Francia, un decreto presidencial de julio de 2003 y una ley de junio de 2006 establecieron, en nombre de la lucha contra el terrorismo, las restricciones a la disponibilidad de información pública sobre las instalaciones nucleares del país. Según estas disposiciones, las informaciones relacionadas con el almacenamiento, protección, contabilidad y transporte de material nuclear son clasificadas como secreto de Estado. Las restricciones se extienden a la información sobre los 'incidentes' que se produzcan en las instalaciones nucleares e inclusive a la preparación de los planes de seguridad ante posibles accidentes.

Recursos públicos y dependencia

A los problemas anteriores se agregan los altos costos de financiamiento de una central, que se agravan generalmente por el incumplimiento de los plazos de construcción y por las dificultades actuales de abastecimiento de componentes para la obra, así como por el hecho de que siguen dependiendo del financiamiento público. Se dice que se pueden financiar con capitales privados pero no hay ejemplos. Un reactor que se está construyendo en Finlandia es presentado como prueba de financiamiento privado pero viene siendo investigado por la Unión Europea porque se descubrió un financiamiento estatal que no es permitido por las normas de la UE.

En Estados Unidos, el cofundador y director científico del Instituto Rocky Mountain, situado en el estado de Colorado, Amory Lovins, planteó recientemente en una entrevista que "El resurgimiento nuclear del que solemos hablar no está ocurriendo realmente. Es una ilusión cuidadosamente fabricada... no hay compradores. Wall Street no está poniendo ni un solo centavo de capital privado en esta industria, a pesar de los subsidios de más del cien por ciento". "Básicamente, podemos tener tantas centrales nucleares como el Congreso sea capaz de hacer pagar a los contribuyentes. Pero no se tendrá ninguna en la economía de mercado", agregó.

En Montevideo, en julio último, la empresa Areva hizo una exposición de sus actividades ante un pequeño grupo de invitados del gobierno, la universidad, los sindicatos, las ONG y la prensa. Al preguntársele sobre la gestión de los residuos, el representante de Areva opinó que habría que esperar entre 10 y 15 años para tener una solución internacional que atienda la necesidad de los países pequeños que no pueden encarar solos este aspecto.

Siguiendo la lógica que ha dilatado hasta hoy este problema, un ingeniero uruguayo presente en la conferencia acotó que hay 60 años por delante, en alusión a la vida útil que tendría un reactor nuevo en el país.

En cuanto a la posibilidad de proporcionar reactores de 300 MWe (megavatios de electricidad), como precisaría Uruguay, frente a los actuales que superan los 700 MWe, Areva no dio pie para generar expectativas. "No nos hemos convencido de que haya mercado suficiente para estos reactores", respondió el ejecutivo de la empresa y agregó que un reactor nuevo es siempre un riesgo y exige un fuerte sistema de evaluación. La recomendación fue elegir un modelo probado, que son como mínimo de 700 MWe, permitiría aprovechar la experiencia de otros países, pero implicaría necesariamente acuerdos regionales para colocar la energía excedente.

En síntesis, la opción por la energía nuclear en un país pequeño como Uruguay enfrenta desafíos adicionales tales como disponer de recursos para una inversión inicial del orden de 2.000 millones de dólares, además de las estructuras de supervisión y seguridad apropiadas. Exigiría asimismo contar con sólidos acuerdos internacionales de asistencia tecnológica, suministro de materiales, componentes y combustible, exportación de electricidad y destino de los residuos.

Blancos y colorados que desde el gobierno siempre acompañaron las tendencias de la economía internacional, se pliegan naturalmente a las corrientes dominantes y apoyan por tanto la decisión del presidente Tabaré Vázquez de reactivar el estudio de la conveniencia para el país de la opción nuclear. A comienzos de este mes, el anuncio del ministro Daniel Martínez de que se dispone a relanzar la Comisión Multipartidaria de Energía recibió amplio apoyo, aunque el diputado blanco Pablo Abdala no dejó de resaltar que ésta fue una propuesta del Partido Nacional.

No se ha cuestionado tampoco la declaración del ministro Martínez de promover un amplio debate del tema nuclear, si bien los partidos tradicionales nunca pusieron sus decisiones importantes a consideración de la sociedad más allá de la instancia electoral. Pero la señal de que existen otras intenciones, incluso en sectores del gobierno, es la insistencia en anular la ley de 1997, que prohibió el uso de la energía nuclear en el país. Esta ley no impide la discusión, pero sí la toma de decisiones del Parlamento o del Poder Ejecutivo alegando una emergencia.

En el reflotamiento de la energía nuclear es infaltable la mención a los "ecologistas arrepentidos" James Lovelock, autor de la teoría de Gaia, y Patrick Moore, cofundador de Greenpeace, aunque Lovelock siempre apoyó esa opción. Pocos destacan, sin embargo, que esta postura surge de un balance pesimista sobre las condiciones para enfrentar los dilemas energético y climático de la actualidad, porque las mayorías en los países ricos no desean abandonar el consumismo, y que su propuesta apunta a resolver el problema en esos países, no en todo el mundo.

Un aspecto clave es el escenario internacional en que se inscribe esa posición. En su último libro, The revenge of Gaia, Lovelock comenta: "Debemos estar también preparados para sorpresas, acontecimientos locales o regionales totalmente imprevisibles. La necesidad más inmediata es disponer de fuentes de energía fiables y seguras para mantener encendidas las luces de la civilización... La energía nuclear no produce emisiones y no dependerá de importaciones en lo que será un mundo inestable". Otro punto fundamental para incluir en el debate.

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