jueves, 30 de abril de 2009

Lo que ellos no quieren que sepas...


La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) acaba de emitir un duro documento donde denuncia que la libertad de prensa en el país se “ha deteriorado gravemente”, al tiempo que ha señalado que desde el gobierno se ejerce presiones y condicionamientos contra los medios que no son afines al gobierno.
A esta altura de los acontecimientos sería ocioso hacer un recuento de los episodios que protagonizados por este gobierno, que manifiestan el desprecio que tiene el matrimonio presidencial por todo aquel que se atreve a pensar distinto, y que al parecer cada vez son más. El kirchnerismo ve en cualquier voz disonante una corporación que persigue oscuros intereses que tiene por objetivo disputarle el poder. Así sucede con el campo, la Iglesia, los jueces, algunos empresarios y también –por supuesto- con los medios y los periodistas que pretendemos ejercer nuestra profesión libremente. Claro, que nunca son blancos de sus críticas los medios que reciben carradas de publicidad oficial y que funcionan como una aceitada organización propagandística. En este marco, la publicidad oficial sigue la misma lógica de la chequera con que los Kirchner obtienen adhesiones y castigan sin piedad a aquellos que se resisten a hacer votos de obediencia. La lógica kirchnerista no hace diferencia entre un gobernador, un intendente, un editor o un periodista. La diferencia es que en el caso de los medios, aquellos que son premiados con publicidad indiscriminada no tienen -en su gran mayoría- el favor del público porque sus responsables ni siquiera han tenido la inteligencia de hacer productos mínimamente atractivos. En muchos casos porque no saben y en otros porque ni siquiera les interesa; su negocio no pasa por tener más lectores, oyentes o televidentes. A veces me pregunto si determinadas publicaciones sólo se “fabrican” para servir como excusa para hacerse de la publicidad oficial, que vale recordar pagamos todos. De esta manera, han aparecido nuevos barones de medios de comunicación que nadie sabe cómo obtuvieron los fondos para convertirse en poderosos empresarios pero la sospecha se acerca cada vez más a un certeza.
Sin embargo, la inquina y el desprecio que tienen los Kirchner con los medios no es el nudo del problema y sólo es el emergente de una cuestión más profunda y grave. El matrimonio presidencial tiene una lucha con la información, no con los medios y con los que ejercemos el periodismo. Néstor y Cristina quieren controlar el flujo de información en todos los ámbitos, porque de esa manera –según ellos creen- se puede construir un relato de la realidad funcional a sus intereses. Por eso, los medios y los periodistas que movidos por un interés legítimo de contar información veraz, sin que importe a quién perjudique o beneficie, son permanentemente atacados y acusados de conspirar contra los intereses del “modelo” que para el gobierno es sinónimo de Patria como lo escribí en abril del año pasado en la nota titulada Patria y Modelo. Es difícil no analizar este razonamiento con las bases del fascismo, lo que prueba que los Kirchner no inventaron nada.
Al gobierno le interesa obturar el flujo de información y por eso el diligente Guillermo Moreno dibuja las cifras del INDEC, el versátil Aníbal Fernández oculta las estadísticas sobre criminalidad, Amado Boudou puede disponer de los fondos de los jubilados como mejor le parezca sin dar cuentas a nadie, los funcionarios sólo pueden hablar con los agentes de propaganda –por obvias razones me resisto a llamarlos periodistas- y los ejemplos podrían continuar. En paralelo, han surgido una gran cantidad de medios cuyo objetivo es publicitar las acciones de gobierno financiados groseramente con publicidad oficial y se implementan acciones y persecuciones contra los que no aceptan la lógica de la obediencia debida. Por supuesto le mismo mecanismo se utiliza contra los díscolos en la política, y el ministerio de economía retacea los fondos para la lucha contra el dengue a las provincias que se opusieron contra la 125, tal como lo ha denunciado el secretario general de ATE, Pablo Michelli y el ministro de Salud de Corrientes, Edgardo Shneider.
En el mundo civilizado ya no hay discusión sobre el papel de la prensa y es considerada como uno de los pilares del sistema democrático, mientras que el gobierno argentino sigue luchando con fantasmas en una muestra más de ser portadores de una mentalidad que atrasa. El derecho a informar y recibir información están consagrados en nuestra Constitución y en los tratados de Derechos Humanos. Sin perjuicio de esto, la defensa de los medios de comunicación y del ejercicio del periodismo, no implica extender una patente de corso para hacer cualquier cosa. Pero el intento de obturar el flujo de información al pueblo utilizando los resortes del estado, implica un divorcio de cualquier construcción democrática.
A continuación reproducimos los párrafos salientes del documento de ADEPA.
La prensa, como institución social, sufre también los sinsabores que provoca una cultura política que no ha alcanzado a desterrar plenamente ciertos rasgos de autoritarismo.
En tal contexto de crisis republicana, puede afirmarse que la actividad de los medios se desenvuelve con serios condicionamientos. Se manifiestan, en algunas oportunidades, en presiones abiertas o solapadas, interferencias en las comunicaciones, trabas a la circulación física de los periódicos, agresiones verbales con destinatarios directos, o amenazas fiscales y regulatorias.
Tenemos la cruda certeza de que un diario se acalla mediante el estrangulamiento económico. Muchas hojas de todos los rincones del país, algunas centenarias, y todas honradas por el servicio diario que prestan a la comunidad en que circulan, se encuentran en peligro de extinción. Con diarios empobrecidos se dificulta la libertad de prensa. Pero, con diarios enriquecidos por el favor oficial la libertad de prensa directamente desaparece. La prensa está en crisis, en el mundo y entre nosotros. Mientras en los países desarrollados se dictan medidas para preservarla, por su valor institucional estratégico, aquí el Estado parece desentenderse de su destino; peor aún, lo compromete.
Resulta asfixiante la persecución fiscal a la que están siendo sometidos los medios de la Argentina. Esto es especialmente dramático para los pequeños y medianos del interior. Como lo ha señalado nuestra entidad en una solicitada, se encuentra en juego la propia existencia de centenares de publicaciones que, desde las más diversas geografías del territorio nacional, contribuyen a la pluralidad informativa y al fortalecimiento de la ciudadanía. Dicha presión de la AFIP, que desconoce recursos en trámite por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, parece exceder un propósito meramente recaudatorio, ocultando un designio persecutorio.
El periodismo es visto por una parte del gobierno como un enemigo a derrotar. Por eso, la compra de medios a través de adláteres, el financiamiento de grupos adictos y la cooptación económica de otros. La cuestión es articular un contrapolo periodístico con los medios del Estado, los propios y los cooptados.
Otro capítulo preocupante está dado por lo que algunos funcionarios llaman “la madre de todas las batallas”, al referirse al proyecto de Ley de Medios Audiovisuales, en lo que tendría que ser una instancia de profundo debate. En el mismo es imperioso resguardar ciertos principios básicos de nuestro ordenamiento constitucional ya señalados por ADEPA, tales como: a) la no regulación de contenidos periodísticos; b) el respeto a la situación actual de los medios, sin legislar retroactivamente, preservando el pluralismo y la diversidad existentes; c) evitar la discrecionalidad en la autoridad de aplicación; d) garantizar seguridad jurídica. Lo expuesto debe resultar del debate de ideas, no concebido como una batalla. Pero genera suspicacias el momento, el contenido y el ámbito en el que se da esta discusión, máxime cuando se omiten temas pendientes tales como la regulación de la publicidad oficial, la ley de acceso a la información o el manejo no gubernamental de los medios públicos.
En declaraciones oficiales respecto de las “candidaturas testimoniales”, se ha dicho que éstas eran inventos de los “medios de incomunicación”. La descalificación es absoluta. Y responde a la vivencia de “estar en guerra” con todos aquellos que no se someten a la visión y a los designios gubernamentales.
En las sociedades en las que la comunicación oficial es altamente centralizada, los cambios políticos suelen ser convulsivos, porque no permiten el diálogo cotidiano que posibilita la evolución pacífica a la luz de las circunstancias sociales siempre cambiantes. En nuestra apelación a la conciencia pública, depositamos en el juicio ciudadano la confianza de la propia libertad de prensa.

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