sábado, 19 de septiembre de 2009

Nadie fue.


La irrupción de unos 200 inspectores de la AFIP en la sede central del Grupo Clarín que debe tomarse como una clara persecución del gobierno a un medio de comunicación. También hubo inspecciones al Grupo Vila y a la Rural, que maneja el diputado Francisco De Narvaéz.

El jefe de la AFIP Ricardo Etchegaray salió a desmarcarse del papelón a través de una carta que le envió a Ricardo Kirchbaum, editor general del diario, haciéndole saber que no había ordenado ese operativo. El Jefe de Gabinete también salió a sostener la línea argumental de Echegaray, afirmando que el organismo recaudador no tuvo nada que ver y que alguien que lo había pagado y se va a despedir a los responsables; aunque afirmó que se trata de una operación política. Algunas horas más de la declaraciones de Fernández se supo que la AFIP despidió a el director regional metropolitano, Andrés Vázquez, y el director regional de la zona sur, Sergio Mancini; quienes aparentemente habrían estado al frente del operativo que Etchegaray dice que no ordenó. Varias versiones señalan que ambos funcionarios no son de carrera y que habrían sido nombrados en sus cargos hace tres meses por el propio Echegaray. Es decir, que de esta manera, la hipótesis de la operación política señalada por Aníbal Fernández pierde entidad, a menos que desde el gobierno se armen operaciones políticas contra el mismo gobierno.

Una vez más queda claro que el gobierno no tiene límites y no duda en exhibir su poder. Por la noche, se conoció que la Presidenta estaba “consternada” en Olivos como si fuera una mera espectadora y no quien lleva las riendas del país. La Presidenta no debe estar consternada tiene que pedirle la renuncia a Echegaray porque si es cierto lo que el funcionario sostiene en la carta que le envió a Kirchbaum, queda claro que no es capaz de imponer su autoridad a los inspectores del organismo. Si el operativo de ayer, contrariamente a lo que ahora sostiene el gobierno, fue efectivamente ordenado por Néstor Kirchner –como sostienen en Clarín- también debe irse porque no se puede utilizar un organismo tan importante como la AFIP para perseguir a aquellos que el gobierno considera sus enemigos. La cuestión reviste una gravedad inusitada porque se está utilizando a uno de las instituciones más importantes del Estado como una fuerza de choque del gobierno. Suponiendo que el Grupo Clarín hubiera evadido impuestos, si fuera estuviera en una buena relación con el kirchnerismo, como de hecho lo ha estado hasta hace menos de un año, cabría preguntarse si en ese caso el gobierno hubiera hecho la vista gorda frente a los incumplimientos. Con lo que se desprende que el pago de impuestos, al cual estamos todos obligados, se convertiría en una cuestión arbitraria decidida por la mayor o menor cercanía del contribuyente con el poder. Es grave y serio. A nadie escapa la guerra que están disputando el gobierno y el Grupo Clarín que terminó por explicitarse luego del frustrado intento del multimedio por adquirir Telecom, en medio de la discusión por el controvertido proyecto de la ley de medios.

La Argentina está crujiendo por los cuatro costados y la tensión es cada vez más grande. Los Kirchner están decididos ha convertir esa frase emblemática que repiten desde 2003: “Vamos por todo”. Por eso, el kirchnerismo pelea cada batalla como si fuera la última y el país poco a poco se va convirtiendo en un campo arrasado. Si al mundo le quedaba alguna duda sobre la Argentina, las fotos publicadas en los principales medios de comunicación de inspectores persiguiendo a un grupo periodístico, nos saca definitivamente de cualquier consideración de entrar en alguna agenda de inversiones. Por el contrario, nos pone al tope de la consideración de Venezuela que hace mucho dejó de jugar en la liga de las naciones que progresan.

No se trata de defender a Clarín, sobre el que pesa no pocos cuestionamientos sobre su conducta empresaria, pero la torpeza del kirchnerismo lo está convirtiendo en el adalid de la libertad de prensa de la Argentina. Pero bajo ningún concepto puede avalarse la utilización de los organismo del estado para perseguir a los que disientan con el gobierno. Esta acción implica un punto de inflexión en el accionar del gobierno, porque nunca como ayer el kirchnerismo demostró el desparpajo inaudito en utilizar los recursos del Estado para perseguir a sus ciudadanos. Además, no hay que olvidar que al operativo en contra de Clarín se suma los realizados a las empresas de Daniel Vila, que la semana pasada tuvo expresiones durísimas contra el gobierno y el proyecto de medios oficialista y contra el diputado Francisco De Narvaéz que derrotó a Kirchner en la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones. No cabe duda que el coctel es explosivo: persecución de medios de comunicación y de dirigentes opositores.

Ricardo Kirchbaum contó que los inspectores manifiestamente apoyaban el proyecto de ley de medios, y que varios de ellos recomendaron preguntarle a Kirchner sobre el operativo. A medida que pasan las horas y se van conociendo distintos detalles del episodio, va quedando claro que el operativo de ayer fue ordenado por Néstor Kirchner y que la su mujer, la Presidenta, habría estado ajena. Kirchner continúa desgajando la imagen de su mujer que una y otra vez parece obligada a ocuparse de hacer anuncios que presenta como fundacionales y que después se implementan a medias o directamente pasan al olvido. Una vez más utilizando la cadena, Cristina Fernández anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para despenalizar el delito de calumnias e injurias. Sin lugar a dudas, una decisión que debe ser apoyada pero a menos de 24 horas de sucedido el apriete de ayer no parece muy sincero, y se parece más bien a una estrategia para tratar de amortiguar las consecuencias políticas de la polémica generada oportunamente.

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