viernes, 13 de diciembre de 2013

Entretelones de un plan de emergencia para el GBA. .

Por Marcelo Bonelli.

                                Preocupación. Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina. / NESTOR SIEIRA
Las grandes empresas de alimentos y las cadenas de supermercados participarán de un plan de contingencia secreto para prevenir reclamos sociales en el conurbano bonaerense.
Lo harán ante la información confidencial de la Casa Rosada de que en las próximas jornadas la protesta policial podría derivar en exigencias de comida por parte de organizaciones sociales en el Gran Buenos Aires.
Daniel Funes de Rioja –según fuentes de Copal– mantuvo una serie de encuentros reservados con funcionarios de máximo nivel y acordó las donaciones para prevenir saqueos. Participarán las principales firmas de la Argentina. También tomaron parte de las negociaciones Alfredo Coto y Osvaldo Mosteirin, de la Unión de Supermercados Argentinos. Daniel Scioli y su equipo serían los actores principales de este “pacto antidisturbios”.
La hermética movida se aceleró porque informes de las intendencias hablan de intranquilidad social. Los funcionarios y los empresarios temen el impacto político de una escalada de saqueos y vandalismo.
Esta cuestión fue considerada ayer, en la asamblea de la Asociación Empresaria Argentina, donde por unanimidad Jaime Campos fue reelegido presidente. La AEA nuclea a los jefes de los principales holdings argentinos. Y la continuidad de Campos ratifica que la entidad no cambiará de rumbo y que persistirá en el intento de unificar al movimiento empresario.
Los hombres de negocios están inquietos por la complicada evolución económica y el desgaste político de la Presidenta. Hubo un efímero entusiasmo por el cambio de Gabinete. Pero la impericia de los nuevos ministros volvió a generar desazón.
En la asamblea de AEA, así como en reuniones de la UIA, los empresarios coinciden: –Que la inflación es el foco que está detrás de los reclamos policiales y sociales.
–Que hay una fuerte desorientación en la gestión de la Casa Rosada.
–Que existe una licuación del poder de Cristina y de los gobernadores.
–Que la dupla Capitanich-Kicillof no sabe cómo encarar el problema externo y apenas adopta medidas para “administrar” el deterioro.
–Ambos sólo tienen buenos modales, pero han profundizado la política económica rudimentaria que desplegaba Guillermo Moreno.
Kicillof ordenó, en un intento desesperado para ahorrar dólares, suspender y reducir por 90 días importaciones de autopartes para las terminales. Algunas de ellas no podrán traer nada y otras deberán reducir un tercio lo que ingresaron en 2013. Esto se suma al impuestazo sobre los autos. La decisión parece ser un calco del cepo cambiario, que bloqueó el mercado inmobiliario y colocó en estado recesivo a la construcción.
La ofensiva contra las terminales anticipa algo similar: trabar la producción. Autos y construcción fueron las locomotoras del crecimiento kirchnerista, y ahora el propio Gobierno las apaga.
Héctor Méndez frenó en la UIA la furia de Cristiano Rattazzi: “Tano, tranquilo. Estas medidas reflejan el desconcierto de los funcionarios.” Enrique Alemañy, de Ford, tuvo un diagnóstico crudo en el encuentro privado que congregó a los “popes” de las terminales. El jefe de ADEFA advirtió: “Así estamos obligados a frenar la producción y suspender empleados.
” Hoy le harían idéntico reclamo a Jorge Capitanich, que prometió recibirlos. Estuvieron con Daniel Scioli y el ministro Cristian Breitenstein, quienes temen por el impacto social que la desaceleración automotriz tendría en la Provincia. Las plantas de autos ocupan en forma directa a 150.000 personas en territorio bonaerense. Por eso la disconformidad también la manifestaron Nobuyuki Kaji (Honda), Daniel Herrero (Toyota), Luis Ureta Sáenz Peña (Peugeot) y Emilio Sáenz (Volkswagen). El ministro Breitenstein quedó encargado de coordinar un plan de acción para minimizar los efectos negativos de las acciones de Kicillof.
Ya el ultrakirchnerista Ricardo Pignanelli se lo adelantó a Capitanich, en un diálogo tenso: SMATA no avalará medidas que afecten a los trabajadores.
El “parche” obedece a la decisión del Gobierno de no corregir las distorsiones macroeconómicas.
Cristina no quiere ajustar y para eso busca ahorrar en importaciones y adelantar ingresos con un bono a las cerealeras. Ayer fue aprobado en el Banco Central y se trata de un seguro de cambio que es un privilegio para las multinacionales cerealeras con rasgos escandalosos.
Otro negocio redondo hará Repsol, después de la propuesta de pago del Gobierno. Ya el Deutsche Bank decidió la fórmula de cancelación de la operación: recomendó que Repsol acepte los bonos, porque la Argentina le garantiza una utilidad única en el mundo del 8,5%. Hoy no existen bonos que den tan alto rendimiento.
Así, el relato progresista del cristinismo choca contra la realidad: las urgencias son tantas, que Kicillof trata de pactar con todas las corporaciones, incluida Chevron.
El dato se conocerá hoy en la reunión del Club de Petróleo, donde se admite que el deterioro energético no lo pudo frenar la operación mediática de Miguel Galuccio. Las importaciones siguen subiendo y la producción baja. Pero la información que sacude al mundo petrolero local es otra. Ya la conocen Carlos Bulgheroni y Eduardo Eurnekián. El dato refleja otras inconsistencias en las promesas de YPF y del Gobierno. Las primeras exploraciones en Vaca Muerta (ya se hicieron 120 pozos) indican que el yacimiento tiene un gran potencial, pero con fuertes inversiones los resultados recién se darían al final de una década y no en lo inmediato, como promociona YPF.

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